Carlos Subero
Son comunes los escándalos políticos en diversos países del mundo con el tema del financiamiento de las campañas electorales.
Para no profundizar en lo de Colombia, donde el asunto fue una vez color de hormiga, vamos a ir a la Europa de hace poco más de una década. Los socialdemócratas de Tony Blair recibieron un millón de dólares del millonario de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone. Luego de esto le autorizaron a colocar publicidad de cigarrillos en sus espectáculos, contradiciendo la política de restricción que habían anunciado los mismos laboristas. El escándalo fue grande, y terminó cuando la gente de Blair decidió devolverle los reales al millonario.
El democristiano alemán Helmut Kohl manchó su prestigiosa carrera de estadista, con 16 años como canciller, debido a la financiación ilegal de su partido. Entre los varios casos, se le pidió que diera el nombre a quien correspondía un aporte de un millón de dólares, a lo cual se negó, dejando el asunto para cualquier interpretación.
Los políticos no son ángeles.
Los dineros de la política conforman un asunto sobre el cual hay mil incógnitas en Venezuela. Y no somos distintos a los políticos europeos o norteamericanos, que también tienen decenas de historias truculentas.
Viendo las bardas de su vecino arder, La clase política venezolana aprobó en los años 90 una reforma de la Ley Antidrogas para establecer algunos controles al financiamiento político.
Hoy en día esa ley contiene junto a la Ley Orgánica del Poder Electoral las únicas normas de control institucional y ciudadano sobre los dineros de la política.
Mas no hay transparencia actualmente en el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que mantiene en reserva las rendiciones de cuenta de los candidatos a cargos de elección popular, e incluso la información sobre quienes financiaron al Sí y al No en los recientes referéndums realizados en el país. Informa sólo cuánto se gastó en general en cada consulta o elección.
Los políticos de oposición se muestran un tanto capciosos ante la idea de la transparencia en el financiamiento de sus campañas. Consideran que la divulgación de los nombres de sus financistas y montos aportados podría generar situaciones políticas y económicas inconvenientes para la gente que les ha ayudado, ejerciendo un derecho que les da la Constitución.
El diputado José Manuel González (MUD-Guárico) comentó en un evento de la ONG Transparencia, realizado el año pasado, que ha habido casos en que a los que financistas de la oposición les han caído las autoridades a revisarles sus cuentas a imponerles multas y a tratos discriminatorios, solo por haber ayudado a los opositores.
Si esto ocurre, lo que genera es que la información de las rendiciones de cuenta –tanto de los oficialistas como de la oposición- no sea verdadera, ya que, aunque no la conozca el público, sí la conocen los sectores de la política que tienen acceso a esos libros.
Por demás, la nueva Ley de Procesos Electorales excluyó cualquier tipo de sanción a quienes mientan en sus declaraciones, como solía existir en el pasado.
El ambiente está nublado en materia de transparencia.
Nos falta mucho en Venezuela para avanzar en los derechos ciudadanos y para evitar que un millón de dólares valga más que un millón de votos.